Actualmente, en la Asamblea de Diputados, se está debatiendo nuevamente el polémico Proyecto de Ley No. 269 “Que modifica y adiciona artículos a la Ley 14 de 1993, modifica la Ley 34 de 1999, modifica el Artículo 133 y adiciona el 238-A al Código Penal”, mejor conocido como la nueva Ley del Transporte. Dicho proyecto de Ley fue cuestionado por el Presidente Martín Torrijos mas no en el tenor en que, quienes estamos preocupados por el desarrollo con calidad de vida y bienestar económico, esperábamos. Tan sólo fueron dos aspectos, de los múltiples aspectos que fueron cuestionados, que el Presidente indicó que fuesen reevaluados nuevamente en la Asamblea. Uno, equidad en la representatividad entre usuarios y transportistas y al hecho de que los transportes no cumplan con estándares básicos de seguridad.
Al mismo tiempo, observamos que nuestro país está experimentando un crecimiento económico sostenido con incrementos en casi todos los rubros de la actividad económica. Grandes inversiones en el sector construcción se están realizando beneficiando la industria y todas las actividades que de ella se benefician. El consumo ha aumentado considerablemente lo cual se observa en el incremento en el crédito para el consumo. Y, aún cuando el PIB ha aumentado a más de un 8% y, a su vez, hayan aumentado los precios en los artículos básicos según lo indica el Índice Mensual de Actividad Económica, el crecimiento es claro y apreciable.
Aun siendo un país que no cuenta con la infraestructura adecuada, estamos siendo vistos por actores económicos internacionales para poder invertir y hacer negocios en Panamá, lo cual, si bien no nos pone al mismo nivel, nos acerca a lo que se llama una “economía emergente”. Sin embargo, todo ese progreso y desarrollo económico, está dado por el empleo eficiente de los factores de producción. Dos de ellos, el recurso humano y el capital, están muy relacionados con el problema del transporte.
El recurso capital se destina para la adquisición de bienes que son utilizados para producir dentro de nuestra economía. En este caso, observemos que, los vehículos utilizados para el trasiego de bienes y servicios, sufre de un enorme deterioro dentro de nuestras estrechas calles al producirse los incómodos e inconvenientes tranques vehiculares que son producidos, en su gran mayoría, por el desorden a que es sometido el tráfico local debido a que, el sistema de cuotas es salvaje y pone en riesgo la integridad de las personas y de terceros. El tiempo que se puede emplear para recorrer una distancia dada podría reducirse enormemente si el sistema de transporte actual fuese reordenado y regulado de tal manera que este servicio fuese prestado de una manera eficiente y eficaz. Incluso, un sistema de transporte cómodo y confiable (no hablemos de barato porque los costos de prestar el servicio, es decir, gasolina, están en franca subida y ya se ha demostrado en numerosas encuestas que los usuarios estarían dispuestos a pagar más por un mejor servicio) podría incidir en que las personas dejen de utilizar sus vehículos (por el alto precio del combustible) y usen este transporte tal como se hace en otros países.
Son las personas las que hacen producir las empresas ya que manejan los recursos y toman las decisiones que han permitido que nuestro país alcance los niveles de desarrollo económico que actualmente observamos. Sin embargo, la productividad de estas personas se incrementaría mucho más si tuviesen la oportunidad de acceder a un sistema de transporte seguro y confiable que les permita llegar a sus trabajos en el menor tiempo posible y así como el regreso a sus hogares de manera expedita. Experimentarían menos cansancio y menos niveles de estress así como que podrían gozar de más tiempo libre ya sea con sus familias o para ellos mismos lo cual cultiva la personalidad y ayuda en el reestablecimiento de las condiciones que permitan a las personas rendir nuevamente con mayor eficiencia en sus labores, redundando esto, en beneficios económicos para las empresas y la economía en general.
Como conclusión podemos inferir entonces que, definitivamente, un sistema de transporte colectivo eficiente y confiable, podría devenir en un mayor progreso económico para el país puesto que los recursos económicos podrían ser utilizados de una mejor manera y el rendimiento de los factores económicos sería mucho mejor. Lo más recomendable en este caso es vetar totalmente la Ley y crear una nueva que acoja las solicitudes que tanto los usuarios, como la sociedad civil en general, han elevado ante las autoridades respectivas para que sean consideradas. El país y sus habitantes merecemos un servicio más confiable y humanizado.
